Criticar algunos modelos de clínicas sin tener pruebas de su mala práxis puede salir caro. Es lo que le ha ocurrido al Colegio de Dentistas de Álava por opinar acerca de los servicios que ofrecen ciertos modelos de clínicas dentales.. La Autoridad Vasca de la Competencia le ha impuesto la friolera de 250.000 € de sanción y 10.000 € más a su presidenta por llevar a cabo declaraciones que ocasionan a los pacientes “una conciencia de que determinados modelos comerciales, perfectamente legales, no resultan adecuados para la prestación de los servicios de odontología”.
Todo ocurrió a partir de las declaraciones de la presidenta del Consejo de Dentistas de Álava recogidas en una entrevista. Aunque durante la citada entrevista no se citó ningún nombre concreto, una clínica presentó una denuncia en base a que dichas declaraciones habían perjudicado su actividad.
Se da la circunstancia de en 2015 el mismo Consejo de Dentistas fue investigado por emitir una campaña de publicidad que recomendaba acudir al dentista de confianza frente a determinados modelos de clínicas dentales. En aquél momento, para evitar la sanción, el colegio se comprometió a abstenerse de valorar cualquier tipo de servicio odontológico o modelo de negocio, salvo que estuviera implicados en reclamaciones jurídicas.
LA AVC ha valorado negativamente estas declaraciones porque “vinculan la mala praxis a un determinado tipo de organización empresarial” y además crean «incertidumbre sobre la capacidad de determinados profesionales que han superado los requisitos establecidos por la ley para actuar como odontólogos».
El Consejo de dentistas de Álava ha anunciado que va a recurrir la sanción puesto que, según su opinión, el contenido de la entrevista se sacó de contexto y fue recuperado meses después de su publicación tras el “escándalo vinculado a una cadena de clínicas dentales” asociándolo así, a la misma.
Es un hecho que casos como estos hacen evidente la necesidad de una regulación de la publicidad de productos y servicios odontológicos.
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